Nota de Prensa

Publicado: Martes, 11 de julio de 2017

Representantes del Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), han hecho público su punto de vista con respecto a los acuerdos de pena entre los fiscales y los imputados, dentro del Sistema Penal Acusatorio, específicamente en los asuntos donde las víctimas son mujeres.

La Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y la Dirección General del INAMU, desde marzo del 2015, acordaron laborar conjuntamente, para procurar orientación multidisciplinaria por personal especializado a las mujeres, que por ausencia de recursos del INAMU, se presta dentro de Despachos Judiciales, a costo del presupuesto del Órgano Judicial.

Los acuerdos forman parte de los Medios Alternos de Resolución de Conflictos (MARC) y están contemplados en el artículo 220 del Código Procesal Penal, que indica que es el fiscal con el imputado quienes realizan el acuerdo y para ello se deben cumplir ciertas condiciones y requisitos.  Luego de realizado el acuerdo, el fiscal debe presentarlo ante el juez de garantías, quien solo puede negarlo si llega a probarse desconocimiento de garantías fundamentales o por indicios de corrupción o banalidad (léase venalidad).   El acuerdo no puede ser presentado ni por la defensa ni por la querella, solo por el fiscal de la causa.

A menos de un año de implementado el Código Procesal Penal en los Circuitos Judiciales de Panamá, Colón, San Miguelito, La Chorrera y Darién, en 3 comarcas Gunas y la Comarca Emberá – Wounnan, el Órgano Judicial procurará evaluar la efectividad del Sistema Penal Acusatorio de manera integral, y se le prestará atención a las preocupaciones del Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), particularmente en cuanto a los acuerdos entre el fiscal y el imputado, en asuntos donde las víctimas sean mujeres.

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